La guerra de las gasolineras ‘sin personas’ llega a la provincia con 12 denuncias

La Asociación Provincial exige que se cumpla la normativa y las low cost piden amparo a Bruselas

Manuel León
01:00 • 14 abr. 2016

Ayer, a la hora de la siesta, la gasolinera del Sector 20 en la capital, vendía el litro de gasolina de 95 octanos a 1,089 euros, la Struck Stop, en Dalías, la ofrecía a 0,965, mientras que la mayoría de las de la capital y provincia marcaban un precio en torno a  1,23 euros el litro. Moraleja: según donde se reposte, hay cada vez mayores diferencias, de hasta diez céntimos por litro, lo que se traduce en un descuento aproximado de más de tres euros por repostaje para un vehículo con un depósito de 50 litros.


El fenómeno emergente de las gasolineras desatendidas, conocidas también como low cost o fantasmas porque no hay empleados, ha llegado a Almería y ha levantado ampollas en el sector.


Tanto es así que la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (Apesal), que agrupa a 74 gasolineras convencionales de las 110 que hay en la provincia, ha presentado una demanda en el Juzgado número 3 de Almería contra 12 de estos establecimientos desatendidos, algunos de ellos propiedad de cooperativas de suministros agrícolas del Poniente, que empezaron sirviendo solo a socios y han terminado vendiendo a también a terceros.




Las reclamaciones de las gasolineras con empleados han provocado que algunas de las low cost dispongan a una persona en horario comercial, pero el pago se hace a través de cajero electrónico, sin que haya caja ni atención personal.


El presidente de la Asociación Provincial, Antonio Felices, considera que “este tipo de establecimientos sin personal son ilegales, venden más barato pero no pueden prestar servicio, por ejemplo, a un señor en silla de ruedas, ni pueden hacer la prueba de que el combustible adquirido se corresponde con el que se vierte en el depósito”. Hay una tercera pata dentro de este convulsionado sector de la venta minorista de carburantes. Es la de las gasolineras independientes, que no están adscritas a ninguna gran petrolera. “Nosotros no estamos en contra de este tipo de establecimientos, de hecho, tratamos de integrarlos, están en su derecho de ir por libre, siempre que tengan empleados,  lo que no podemos permitir, por competencia desleal y porque se incumplen los derechos del consumidor y el artículo 49 de la constitución, son las gasolineras desatendidas”. Según Felices, “la Junta de Andalucía no está haciendo cumplir esta normativa de obligada ejecución”.




Distinta filosofía
Las gasolineras low cost, 160 en Andalucía y unas 400 en España, tampoco se han quedado quietas, ante la cuota de negocio que hay en juego, en torno a un 10%. Por ello, preparan una dura batalla en Bruselas contra la normativa autonómica que, según denuncian, frena su desarrollo  y atenaza su cuota de mercado.
Han constituido la Asociación Aesae y meditan denunciar a la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia por “violación del libre acceso a mercados de servicios”.


Ballenoil y Petroprix son las principales cadenas de gasolineras desatendidas y los gigantes Repsol y Cepsa también se han lanzado al modelo low cost en algunas autonomías. La filosofía de estas gasolineras es: llegar, repostar y pagar con tarjeta en el mismo surtidor, más barato y sin ningún tipo de atención personalizada.





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