Un respiro para los dueños de las casas irregulares

Tal y como se esperaba, la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz ha aprobado las enmiendas a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que venían demandando las asociaciones de propietarios de viviendas irregulares.

Abusos Urbanísticos  Almanzora-NO (AUAN) había anunciado el compromiso alcanzado con todos los partidos políticos presentes en el Parlamento tras reunirse con ellos hace unas semanas y, finalmente, en la sesión del pasado jueves, la Comisión ha dado luz verde a las enmiendas que, una vez se complete la tramitación de la modificación de la LOUA, permitirán regularizar miles de casas levantadas en parcelaciones (varias construcciones en una parcela urbanística). 

Mientras tanto, la Comisión también ha aprobado la enmienda que establece que las viviendas irregulares puedan disponer, siempre que cumplan una serie de requisitos, de suministros básicos como luz y agua durante un periodo provisional de dos años mientras se produce su regularización definitiva. 

Contratar luz y agua
Esto resuelve el grave problema que suponía el hecho de que la ley actual impide que una vivienda en una situación irregular no podía contar con autorización para contratar suministros básicos como puede ser la luz o el agua. 

La enmienda referida a las parcelaciones supone que se podrá regularizar aquella vivienda que ha sido levantada sobre una superficie cuya finca fue segregada sin que urbanísticamente estuviese permitido. 

Tras pasar el trámite de la Comisión, la previsión es que la Cámara andaluza apruebe estas modificaciones al texto legal en la sesión de este mes de julio, tal y como preveían los afectados.

Puerta abierta a la revisión o anulación
Los parlamentarios andaluces también dieron su visto bueno a la modificación de la Disposición Transitoria Única de la LOUA que, en su actual redacción, deja fuera a los propietarios de viviendas donde ya había recaído una resolución administrativa desfavorable. El nuevo texto abre una puerta a una revisión, revocación o anulación de la referida resolución administrativa.