La muerte civil del investigado

Una de las grandes paradojas de la sociedad española es que a pesar del imparable envejecimiento colectivo (en pocas décadas más de un 30% de la población tendrá más de 65 años y también mayor esperanza de vida) que acabará forzando la reformulación del concepto “anciano”, estamos cada vez más infantilizados. Nos dejamos llevar por impulsos, ocurrencias, modas o tendencias que ocupan los titulares de prensa y las cuentas de tuiter más influyentes, sin pensar en el recorrido real de esas ideas. Si algo suena bien y es un argumento de enganche para la notoriedad política, millones de españoles se entregarán felices a ello, sin pensar en qué es lo que están haciendo. Como los niños. En este sentido, una de las demostraciones más palpables de la infantilización colectiva es esa carrera hacia la ejemplaridad que han impulsado los llamados partidos emergentes, para distinguirse de lo que, en otro alarde infantiloide, denominan “vieja política”. Y como ser ejemplar y admirable y limpio e inmaculado suena bien y gusta mucho, se ha forzado el argumento hasta tal extremo que nos hemos acabado cargando la presunción de inocencia, uno de los principios sobre los que pivota el Estado moderno al establecer la inocencia de la persona como regla y premisa. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrán ser aplicadas penas o sanciones. Pero eso ya no es así en España, donde la Pena de Telediario o la Sentencia Tuitera han mandado a hacer puñetas a los tribunales. Ahora todos somos (usted también, no se haga el sueco) culpables de algo en cuanto un tribunal nos llama para aclarar cualquier asunto. Da igual que el juez te mande luego a casa: si te ves en la puerta de un juzgado, ya puedes ir dándote por muerto civil y políticamente hablando. ¿Y qué pasa con el honor del investigado y exonerado? En ese caso, los que más fieramente exigían dimisiones, ceses e inhabilitaciones, se pondrán a mirar al techo y dirán “yo no he sido”. Como los niños.