La inspección detecta solo tres casos de animales muertos por veneno

La actividad de los agentes de la unidad canina reduce notablemente el número de casos

Agentes de Medio Ambiente de la Unidad Canina, tomando pruebas sobre el terreno.
Agentes de Medio Ambiente de la Unidad Canina, tomando pruebas sobre el terreno.
E. de la Torre / La Voz
22:49 • 27 feb. 2017

La lucha contra la utilización del veneno constituye una de las prioridades de la Junta de Andalucía en materia de Medio Ambiente, ya que la colocación de cebos envenenados, aparte de suponer un peligro para la fauna cinegética y protegida, constituye un delito, sin olvidar los peligros potenciales para la salud de las personas que pueden verse afectadas por la contaminación de fuentes y arroyos.




Para luchar contra estos comportamientos irresponsables, la Junta puso en marcha una brigada de lucha contra el envenenamiento de fauna (BIVE), compuesta por nueve agentes de Medio Ambiente repartidos por la provincia.




Pocos casos
Las inspecciones realizadas por los agentes, junto con la Unidad Canina Especializada de la Consejería de Medio Ambiente, donde existen perros adiestrados para la lucha contra el veneno, ha supuesto que sean minoritarios los casos de envenenamiento en la provincia. Así, de 21 inspecciones realizadas sólo 3 resultaron positivas. 




No obstante, para evitar prácticas ilegales, se realizan inspecciones periódicas en cotos de caza, para comprobar que no se colocan cebos envenenados. Si se detecta la presencia de cualquier tipo de sustancia prohibida, o ante el hallazgo de cebos o cadáveres de animales, se suspende parcialmente el aprovechamiento de la caza por el periodo de caza anual, que va generalmente desde octubre a marzo.




El delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Antonio Mar-tínez, ha destacado el esfuerzo realizado por los Agentes de Medio Ambiente, el Seprona y la Policía adscrita a la Junta de Andalucía, en la lucha contra la erradicación de prácticas prohi-bidas por la Ley. Igualmente, ha insistido en que este tipo de comportamientos suponen un peligro, no exclusivamente para las especies de fauna protegida, sino para la fauna cinegética de la provincia.




Estos datos se conocieron durante el encuentro de trabajo celebrado hace unos días entre agentes de Medio Ambiente y los responsables de la Estrategia Andaluza contra el Veneno, el que han abordado temas relacionados con la lucha contra el uso de sustancias o cebos envenenados, así como la próxima puesta en marcha de una serie de políticas activas para la erradicación del uso de sustancia prohibidas.




13 años de lucha
La Estrategia Andaluza de lucha contra el veneno es un programa que viene desarrollándose desde el 2004, con el objetivo de minimizar el impacto potencial del uso ilegal del veneno, que tan devastadores efectos ocasiona en el medio natural y en la salud pública. La Consejería de Medio Ambiente, a través de esta iniciativa, creó en 2007 las primeras BIVE.




En Andalucía está prevista la firma de un Pacto andaluz contra el veneno, en el que participarán numerosos agentes sociales, y se pedirá la implicación de corporaciones municipales y organizaciones relacionadas con la caza y la naturaleza.


La estrategía andaluza tienen tres grandes líneas de trabajo que son la obtención de información (para su empleo como herramienta de gestión), actuaciones divulgativas (concienciación social y de prevención) y actuaciones policiales de persecución del delito.


Prohibido desde 1983
La utilización del veneno como método de captura no selectivo supone una mortal amenaza para las especies catalogadas. A pesar de estar prohibido desde 1983, las poblaciones actuales de algunas especies protegidas de Andalucía han llegado a unos niveles preocupantes con riesgo incluso de extinción.


En los últimos años la muerte de algunos ejemplares de alimoche, águila imperial ibérica, quebrantahuesos e incluso de lince ibérico ha hecho saltar la alarma a unos límites inesperados.


Además, no hay que olvidar los peligros potenciales que el uso de veneno suponen para la salud de las personas que pueden verse afectadas por la contaminación de fuentes y arroyos.
 



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