Almería facturó el año pasado más de 3 millones por turismo sanitario

El Servicio Andaluz de Salud facturó en Almería el año pasado más de 3 millones de euros en concepto de turismo sanitario. Lo hizo tras las aplicación del FISS-Web (Facturación Internacional de Servicios de Salud), un mecanismo operativo desde noviembre de 2004 que graba las facturas de los gastos generados por la asistencia sanitaria dispensada, durante su estancia temporal, a extranjeros o turistas nacionales desplazados a Andalucía. Posteriormente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es el que emite a los distintos países deudores la factura en el modelo reglamentado.

Este sistema de facturación está regulado a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, que se basa en una compensación a nivel estatal entre el número de personas desplazadas (extranjeros o nacionales) y atendidas en centros sanitarios españoles y el número de españoles atendidos en centros sanitarios fuera de nuestras fronteras. 

En concreto, Almería ha facturado en los dos últimos años casi 7 millones de euros: 3.780.566 euros en 2016 por 9.154 asistencias sanitarias y 3.239.435 euros entre los meses de enero y octubre del año pasado por 8.838 atenciones a extranjeros. En cuanto a la procedencia de los usuarios atendidos, la mayoría procedieron de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Bélgica.

Por otro lado, están aquellas personas de otros países que pasan largas temporadas en Andalucía o que fijan aquí su residencia. Estas personas tienen su tarjeta sanitaria y son atendidas de “forma ordinaria” en los centros de atención primaria y hospitalaria, como cualquier otro ciudadano. Para las personas procedentes de otras comunidades autónomas existe el Fondo de Cohesión Sanitaria, que se creó en 2001 y que regula las medidas fiscales y administrativas del sistema de financiación de las comunidades autónomas. 

A Salud no le gusta
Sin embargo, y pese a las cifras y a las evidencias, a la Consejería de Salud no le gusta que se hable de “turismo sanitario”. “Hay que desmitificar la idea de que hay una potente corriente que trae a nuestra comunidad a jubilados europeos sólo para intervenirse en los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En absoluto se produce esta situación, la calidad de una sanidad pública puede dar tranquilidad y garantías a quien emprende un viaje, pero no supone que se realice un desplazamiento a otro país para recibir una atención en el sistema sanitario público. Diferente es la situación de quienes optan por contratar los servicios de un centro sanitario privado, fuera de la asistencia pública y sin coste alguno para las arcas públicas”, apuntan fuentes de Salud consultadas por este periódico. 

Prestaciones
Desde hace algo más de tres décadas, los ciudadanos europeos que se desplazan dentro del Espacio Económico Europeo, es decir, la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein, así como dentro de Suiza, por motivos personales o profesionales, tienen derecho, si así lo acreditan, a recibir durante su estancia temporal todas las prestaciones de asistencia sanitaria necesiten en su país de estancia, en las mismas condiciones que todos los residentes nacionales. Lo único que necesitan es presentar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) o alguno de los formularios previstos para la aplicación de los Reglamentos Comunitarios de Seguridad Social. 

De esta forma, cualquier ciudadano comunitario podrá recibir las prestaciones sanitarias que dispensan los Servicios de Salud y que sean necesarias, desde un punto de vista médico, según la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista de su estancia, en igualdad de condiciones con los asegurados en España. “Se trata de prestaciones que se dispensan a una persona que se encuentre de forma temporal en otro Estado, a fin de impedir que un asegurado se vea obligado a volver prematuramente al Estado competente antes de que finalice la duración de la estancia prevista, para obtener el tratamiento médico que necesita”, apuntan desde el SAS. El objetivo de las prestaciones de este tipo es permitir que el asegurado prosiga su estancia en condiciones médicas seguras, tomando en consideración la duración prevista de la estancia.

Ahora queda por resolver la incógnita de lo que supondrá el Brexit y de qué forma afectará al “turismo sanitario”, ya que buena parte de los usuarios son ciudadanos británicos. Además, habrá que resolver también cómo se tramitará el cobro de las facturas derivadas de las intervenciones que se realicen el sistema sanitario público.