Un informe pericial dice que el vídeo fue manipulado para generar “pena”

La investigación sobre el tratamiento de los menores infractores custodiados en el centro de internamiento Tierras de Oria, uno de los recintos más prestigiosos de todo el país, desmonta poco a poco la tesis de los malos tratos.

Un informe emitido por un perito judicial, al que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA, revela una alteración “intencionada” del vídeo difundido por el portal centrosdemenores.es, regentado por Alfonso Galiana. Las imágenes muestran los sollozos de dos chicos atados  con correas a una cama en una habitación del centro de menores de Oria. Sin embargo, el informe técnico asegura que tanto las imágenes como el sonido están editados.
Según el estudio preliminar, “el vídeo está manipulado intencionadamente” con el objetivo de “infundir pena” y “no se corresponden con la realidad”. El informe revela que la edición se ha realizado “de forma burda” por una persona “inexperta” y “no profesional de la imagen”.

En este sentido, el perito (adscrito a la Asociación de Peritos Judicial de Andalucía detecta) señala que el sonido y las imágenes se han cortado, pegado y repetido para extender el metraje y endurecer el contenido. “Aparenta que estos sonidos e imágenes son continuos en el tiempo mientras que la realidad indica que solamente se ha producido en una sola ocasión”, señala en alusión a la queja de un joven aislado.

Está versión coincide plenamente con la anticipada por el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, institución con competencias en materia de justicia juvenil. Emilio de Llera, fiscal de carrera, aseguró ayer en un evento en  Málaga que “el vídeo es un montaje” y “no responde a la realidad” de los hechos de Tierras de Oria, centro gestionado por la Asociación para la Gestión de la Integración social (Ginso).

El caso está en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción de Purchena. La Fiscalía de Menores y la propia Junta de Andalucía visitaron el centro para inspeccionar la situación, los planes de tratamiento y las llamadas “medidas coercitivas”.  Estas medidas están recogidas en el ordenamiento jurídico para casos de violencia de los menores y situaciones de riesgo para otros jóvenes o para el personal del centro.

Además, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Maeztu, realiza informes periódicos de la situación de los centros de internamiento. En sus últimos documentos recomendó reducir el tiempo de sujeción mecánica (correas) al mínimo indispensable y sólo solicitó expresamente un cambio en la iluminación de la habitación de aislamiento. Esta petición ya ha sido acogida e instalada en Tierras de Oria, con luces atenuadas durante la noche para garantizar “el derecho al descanso”.

La iluminación se usa para controlar el movimiento y evitar autolesiones, como recoge también el informe La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía de José Maeztu (el Defensor del Pueblo y el consejero de Justicia e Interior se entrevistaron a principios de febrero).

Intimidad del  menor
Por otra parte, la Policía Judicial de la Guardia Civil citó a declarar a Alfonso Galiana  acusado de un delito de intromisión en la intimidad de los menores por la difusión del mencionado vídeo. El responsable del portal web compareció ayer ante la Benemérita en Málaga y, según señala la agencia Europa Press, quedó en libertad.

La Guardia Civil no sólo indaga sobre la veracidad de la denuncia recogida en las imágenes del vídeo sino también en las presuntas responsabilidades penales de la grabación (la persona que grabó a los chicos) y la difusión (la persona que hizo pública las grabaciones).

En centro de menores Tierras de Oria depende de la Consejería de Justicia e Interior y está gestionada por la entidad sin ánimo de lucro Ginso. En el recinto trabajar unos 250 empleados. Situado a unos siete kilómetros del pueblo, el recinto alberga a algunos de los menores con delitos (infracciones) más graves de la comunidad autónoma. Además, muchos de ellos han cumplido la mayoría de edad en Tierras de Oria durante la ejecución de las medidas judiciales dictadas por el Juzgado de Menores.

El Defensor del Pueblo Andaluz recoge con cierta frecuencia las conclusiones de las inspecciones a las instalaciones y ofrece sugerencias sobre la gestión. Muchas de las visitas se producen tras quejas emitidas por internos, aunque no constan procesos judiciales abiertos contra Ginso o la Junta.