Una solución para evitar más casos como el Prior

La modificación de la ley que ayer se aprobó en aprobada el Senado español habría evitado que el matrimonio Prior, cuya vivienda en Vera fue demolida en el año 2008, se quedase sin hogar.
La aprobación de la enmienda presentada por el Grupo Socialista y el Grupo EPC en la Cámara Alta a petición de las asociaciones de afectados por las casas fuera de ordenación llega tarde para los Prior, pero a tiempo para evitar que se reproduzcan más casos como el suyo.

Casos aplicables La enmienda es una modificación de la ley que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa y obliga a las Administraciones a asumir sus responsabilidades y pagar las indemnizaciones a la que sean condenadas antes del derribo de viviendas fuera de ordenación o cuya licencia haya sido anulada, como ocurrió en el caso de los Prior.

Sin embargo, el matrimonio de jubilados británicos estuvo presente ayer en la votación en el Senado acompañando a los responsables de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) con su presidenta, Maura Hillen, también presente en la Cámara Alta junto a responsables de otros colectivos de afectados de diferentes puntos del territorio nacional. “Se trata de una medida que protegerá a los compradores de buena fe”, recuerda el asesor jurídico de AUAN, Gerardo Vázquez, desde la pital madrileña.

Recientemente las asociaciones de afectados realizaron un llamamiento “al Grupo Popular” y al “resto de grupos” en el Senado para que apoyasen la enmienda presentada por los socialsitas, como finalmente ha ocurrido. Para los afectados, se trata de “ un paso muy importante para miles de familias en Málaga, en Almería, en Cantabria y en otros diversos puntos de la geografía española que actualmente pueden verse en la calle sin culpa ni responsabilidad y sin ninguna indemnización por el daño producido. Asimismo se habrá conseguido proteger a los ciudadanos ante posibles ataques injustos a su propiedad por la anulación de licencias”.

La demolición, no obstante, no podrá frenarse en casos especialmente graves como en el de las construcciones en zonas inundables. Esta aprobación se suma a la ocurrida en marzo en la que, siguiendo el mismo procedimiento, salió adelante en el Senado una modificación del Código Penal para asegurar la indemnización a los compradores de buena fe aunque, en aquel caso, afectaba a las viviendas en riesgo por la vía penal.