Juicio a la mafia nigeriana por envíos de coca desde Latinoamérica

La mafia nigeriana gana espacio en el mercado del narcotráfico en Europa. Dominan la vía africana, negocian con proveedores latinoamericanos y controlan el negocio desde atalayas en ciudades de España, Francia e Italia, como alertan los informes de Europol y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

Y Almería tiene su propia ración de mafia nigeriana. Su foco principal está en Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar, donde las operaciones de las fuerzas de seguridad se han empeñado en minar una y otra vez sus estructuras. Allí se han realizado las principales operaciones contra envíos postales de cocaína.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de juzgar a una organización criminal dirigida por mafiosos nigerianos en esta zona y vinculada a la importación de coca directamente desde países de América Latina. Usaban paquetes y mulas para introducir en Almería cantidades suficientes para nutrir el mediano comercio.

El tribunal condena a la banda, con nueve miembros identificados, a casi 40 años de cárcel por delitos contra la salud pública e implica a colaboradores de origen malí y guineano, según la sentencia judicial a la que ha tenido acceso LA VOZ DE ALMERÍA.

Los capos eran dos varones de 47 y 37 años, ambos nigerianos, en libertad provisional desde febrero del año pasado. Según la investigación de la Policía Nacional, los dos gestionaban los contactos con los grandes proveedores americanos y coordinaban con terceros la ejecución de los envíos, la logística y la seguridad.

Cazado en Holanda

El principal golpe a la organización data de mayo de 2011. La banda pagó a una pareja española para viajar hasta Perú para recoger un alijo de cocaína. Las mulas cogieron un vuelo a Madrid-Lima y contactaron con traficantes locales. En el regreso se dividieron.

El varón voló hasta España vía Ámsterdam (Holanda) y ni siquiera consiguió pasar el control aduanero del Aeropuerto de Schipol. Los agentes hallaron 4,3 kilos de cocaína valorados en 150.000 euros. Mientras, la chica tomó un avión hasta Madrid y “se ignora si transportó cocaína”. Ella no acabó procesada. Él tuvo que asumir una condena de tres años de cárcel en un juicio celebrado en Holanda, según la Audiencia Nacional. La operación culminaba así una investigación de la Policía Nacional, con cooperación internacional e iniciada a principios de ese mes de mayo, con dos hitos.

El primero, el día 6. Los agentes detectaron a la entrada de Roquetas de Mar un vehículo conducido por un ciudadano de Guinea Conakry cargado con medio kilo de coca. Regresaba de la capital con un paquete escondido en el asiento trasero del turismo. La droga tenía poca pureza, pero habría superado los 20.000 euros en el circuito clandestino. Según la investigación judicial, el grupo criminal usaría un inmueble de Roquetas de Mar como guardería y luego gestionaría la distribución entre ambientes adinerados y turísticos de Marbella (Málaga).

Y el segundo, el día 28 de mayo. La organización volvió a ‘cruzar el charco’. La mula era una joven española con necesidades económicas, captada por la red nigeriana. El punto de recogida, Brasil. La chica “recibió una partida de 485 gramos de cocaína con una pureza del 66,4 por ciento, con la que viajó de vuelta a Madrid”. El estupefaciente se escondía en su equipaje, discretamente entre la ropa.

La mula pasó los controles de seguridad, salió de Barajas y se dirigió a un parque donde se había citado con los traficantes, verdaderos propietarios del alijo. El plan funcionaba. Sin embargo, la Policía Nacional arrestó a dos nigerianos después de que se  entrevistaran con la joven y recogieran el paquete. Los sospechosos se colaban en una boca de metro en Lacoma (Madrid) cuando irrumpieron los agentes.

Los pinchazos

Los pinchazos telefónicos autorizados por un juzgado de instrucción de Roquetas en el comienzo de las pesquisas demostró, además, que las ramificaciones de la organización eran enormes. No sólo trabajaban el mercado de la cocaína, sino que incluso tenían contactos con productores de hachís y marihuana. Contaban con colaboradores de origen español y buscaban personas con dificultades económicas para articular correos entre Latinoamérica y aeropuertos de Madrid y Valencia. Toda una red de narcotráfico para conectar productos y mercado final.

El caso se juzgó en la Audiencia Nacional. Un tribunal, con la magistrada Manuela Fernández como ponente, ratificó la validez de las intervenciones telefónicas autorizadas por un juez de Roquetas y dictó condenas entre los dos y los cinco años de prisión, así como fuertes multas económicas.

Los acusados alcanzaron un acuerdo con el Ministerio Fiscal y aceptaron unas condenas algo inferiores a las previstas inicialmente a cambio de reconocer su participación en el tráfico de cocaína. El estupefaciente será destruido.