Enciso pidió “medidas sin escándalos” por contratos de Amate, según un acusado

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería retomó este miércoles las declaraciones de los acusados en el llamado Caso Poniente, no sin ciertas dificultades para calibrar un adecuado sonido en el pabellón habilitado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce.

El tribunal programó el interrogatorio de cinco acusados vinculados al Consejo de Administración de la empresa mixta de servicios Elsur, epicentro del presunto desfalco millonario en las arcas públicas de El Ejido. Sin embargo, apenas pudo completarse sobre la bocina el testimonio del antiguo vicepresidente Antonio Borrero.

La vista confirmó el descontrol económico de la sociedad público-privada, donde la deuda financiera, los retrasos en el pago del canon por parte del Ayuntamiento de El Ejido y el agujero generado por una red de subcontratas crearon un caldo de cultivo para un presunto desfalco millonario.

Borrero, entonces representante de la parte privada, el grupo Abengoa, incidió especialmente en las sociedades del también procesado José Amate, que apuntarían a irregularidades como “una posible cesión ilegal de trabajadores”.

Amate era director de producción de Elsur y es considerado por la acusación como el cabecilla del “grupo social” de la trama de Poniente. Borrero explicó durante su declaración cómo conoció la “situación anómala” en las subcontratas de Amate y se sorprendió de que estuviera “a los dos lados de la mesa”.

“Tomar medidas”
“En agosto de 2006, contactan con nosotros un abogado de El Ejido, el señor Sánchez Ramón, que nos dice que tiene una información muy relevante que nos quiere poner al día. (…) Le dije a mi director de producción que se entrevistara con él y vieron de qué se trataba. Me dijo que había un problema importante (...) Que tuviéramos un director de producción en una empresa mixta y que estuviera a los dos lados de la mesa, no podía ser”, detalló a preguntas del fiscal anticorrupción, Jesús Gázquez.

Preguntado por la posible sobrefacturación de las subcontratas de Amate, Borrero afirmó que “los servicios se prestaban”, pero argumentó que puso el asunto en manos de Manuel Caballos, director general de Elsur, y del propio alcalde, Juan Enciso, que pidió solucionar el caso “sin escándalos”. “Se tomaron medidas correctivas, sin escándalos y el señor Amate fue prejubilado”, reiteró en varias ocasiones el acusado, que se enfrenta a una petición fiscal de 71 años de prisión.

Antonio Borrero afirmó que Elsur tenía “problemas económicos” y “una deuda galopante” fruto, entre otros factores, de “los impagos del Ayuntamiento de El Ejido”. “Se redactaron planes de acción para adecuar las bajadas del canon”, añadió. “La subcontratación era normal en el grupo Abengoa y en todas las grandes multinacionales”.

Según el testimonio de Borrero, la política de usar subcontratas permitía cierta flexibilidad para ajustar los gastos y amortiguar la delicada situación económica de Elsur y era conocido y consentido por el propio Ayuntamiento de El Ejido. En este sentido, circunscribió su actuación al interés por salvar la sociedad y los empleos y rechazó su participación en hechos delictivos.

Por su parte, la acusación fiscal cree que el sistema permitió la desviación de fondos millonarios y que el Consejo de Administración ‘miró hacia otro lado’ sobre las presuntas incompatibilidad en la concesión de contratos a sociedades de José Amate, a la vez trabajador de Elsur.

La tercera sesión está prevista para el próximo 24 de febrero con la comparecencia de cuatro acusados, aunque el tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez ya ha advertido de las dificultades para cumplir el calendario, más aún con las complicaciones técnicas de la vista.