Médicos almerienses piden el derecho a la objeción ante la nueva ley del aborto

El Colegio Oficial se pronuncia sobre la legislación aprobada esta semana

Francisco Martínez Amo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería.
Francisco Martínez Amo, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería. La Voz
Miguel Cabrera
21:00 • 22 may. 2022

“La Ley del aborto es lo que es, no se discute y hay que cumplirla, siempre que se haga bajo el respeto a los profesionales que se declaren objetores de conciencia”. Así sintetiza el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, Francisco Martínez-Amo, los términos en los que el colectivo se plantea la nueva legislación aprobada la semana pasada, que incluye aspectos polémicos, como la nueva baja por reglas dolorosas y la libertad para jóvenes de 16 y 17 años de abortar sin el consentimiento de sus tutores legales.



Esta es una de las cuestiones en las que Martínez Amo se muestra personalmente en abierto desacuerdo, aunque resalta que otras muchas también le resultan chocantes, sorprendentes o aparentemente contradictorias



“No parece lógico que una joven de 16 años tenga que pedir permiso paterno para hacer una excursión del colegio y que en cambio pueda abortar, con todo lo que ello supone, sin él. Tampoco parece muy normal, por ejemplo, que los mismos que dicen que matar a un toro en la plaza es un asesinato consideren el aborto un derecho”, expone, situándose así en una línea parecida a la del obispo de Málaga, Jesús Catalá, quien ha puesto de manifiesto la contradicción de que destruir un huevo de águila sea ilegal, y en cambio “es legal matar un embrión humano por cualquier razón, usando tus impuestos en una clínica de aborto”.



“Un disparate”



En cualquier caso, Francisco Martínez estima que “permitir abortar a una niña de 16 años sin el consentimiento de sus padres es un disparate, en primer lugar porque entrar en un quirófano siempre tiene un riesgo y los padres pueden tener mucho que decir en la decisión de su hija, algo que puede entender cualquiera con sentido común, e incluso es lícito plantearse que el futuro padre de la criatura también puede tener derecho a opinar ”, expone.



No obstante, el presidente de los médicos almerienses recalca que los colegios profesionales no deben plantearse ni ofuscarse en “presentar batalla a esta ley, por muy excluyente y sectaria que sea, aunque sí en la mencionada obligación de respetar la objeción de conciencia, si bien sí cree que se trata “de una ley incompleta, por lo que se hace necesario acometer una mejor regulación”. 



Adecuada en determinados casos



Además, en su opinión existen supuestos en los que la interrupción voluntaria del embarazo resulta adecuada, como los casos de violación o de riesgo para la vida de la madre, por ejemplo. 


En cambio, no tiene nada claro el aborto en caso de malformación del feto. “En primer lugar, hay decenas de tipos de malformaciones. Desde luego estimo que si una mujer estuviera embarazada de un niño con síndrome de down, por ejemplo, no debería tener la menor duda para no abortar, porque podría ser la mayor felicidad de la vida, tanto para él mismo como para los padres. Porque la felicidad no siempre es que tu hijo pueda ser ingeniero de caminos”, plantea.


Practicado por médicos

Y aunque entiende que “en las agendas de las enseñanzas médicas no entra el aborto como un acto médico”, sí cree que, lógicamente, deben ser médicos quienes lo practiquen, “para salvaguardar la salud y la vida de la madre por encima de cualquier circunstancia”, dice Martínez Amo.


El presidente de los médicos almerienses reconoce abiertamente que no está nada de acuerdo con esta ley, pero también cree que hay que respetar cualquier opinión, “porque hablamos de pensamientos y creencias muy personales, y además ninguna circunstancia ni caso es igual a otro” cuando se habla de una interrupción voluntaria del embarazo.


De ahí a que, enlazando con su planteamiento inicial, vuelva a la necesidad de regular una objeción de conciencia, teniendo en cuenta que la ley contempla que los centros sanitarios públicos deberán garantizar el aborto de cualquier mujer. También considera aconsejable que se realice un registro de médicos objetores, “que no tiene por qué ser público”, para que cualquier profesional “pueda ejercer su derecho en cuanto llegue el momento”.


Temas relacionados

para ti

en destaque