El caso de una vivienda ilegal ya está en el Tribunal de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya tiene sobre la mesa una reclamación contra España presentada por una familia británica de Albox, asesorada por el Abogado Gerardo Vázquez, y apoyada por las asociaciones Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), SOHA y AUN. Los británicos que presentaron ayer su reclamación -quienes prefieren mantenerse en el anonimato- son jubilados y “su salud no es buena”, según AUAN.

“Se quejan de que España, y en este caso concretamente la Junta no ha respetado su derecho a la propiedad privada”, aseguran desde la asociación. Maura Hillen, Presidenta de AUAN, ha declarado que esta reclamación “será la primera de una serie de reclamaciones contra España por no respetar el derecho fundamental a la propiedad privada”, tal y como adelantó meses atrás LA VOZ. “El caso de estos británicos es especialmente sangrante. Resulta que su casa tiene licencia de obra concedida hace años por el Ayuntamiento y la Junta la impugnó sobre la base del supuesto riesgo de la creación de un núcleo de población” ha explicado.

Para la presidenta del colectivo de afectados por las viviendas iiregulares, esta situación “sería graciosa” si no fuese algo “trágico”, ya que esta casa “está rodeada por otras casas sin licencia contra las cuales la administración no puede actuar al haber caducado el derecho de la administración de reaccionar contra ellas. Las viviendas sin licencia no corren el riesgo de ser demolidas y, sin embargo, la vivienda más legal sí que corre el riesgo”. Maura Hillen ha explicado la queja de los británicos en este asunto. “Dicen que el sistema español les ha fallado, como ha fallado a miles de otras personas que afectadas por estos problemas urbanísticos. La responsable de AUAN ha asegurado que este caso es “muy parecido” al de la familia Prior, cuya casa situada en Vera fue demolida y ha reiterado que la asociación está trabajando por conseguir “un cambio legislativo” con medidas que hagan hincapié en “el derecho fundamental a la propiedad”.