Hombres que dan a luz y otros raros historiales por usar tarjetas ajenas

Una facultativa de San Isidro que se negó a atender a dos extranjeros por no llevar una documentación que corroborara que las tarjeta sanitarias se correspondían con sus correspondientes personas ha explicado al Defensor del Pueblo Andaluz que casi a diario tiene “experiencias de confusión” con los pacientes extranjeros. Relata que se ha encontrado con situaciones tales como un hombre embarazado, que pare, y se somete a revisiones ginecológicas; otro paciente con informe de hospitalización por infarto agudo de miocardio que sin embargo no padece del corazón; o incluso un tercer paciente en seguimiento por VIH cuyas analíticas son negativas.

En estos casos, los extranjeros acuden con tarjetas sanitarias de terceros, lo cual puede llegar a poner en riesgo incluso sus tratamientos.

Una Asociación para la defensa de los derechos de las personas inmigrantes, para denunciar la negativa de algunos profesionales médicos de un centro de salud de San Isidro (Níjar), a proporcionar atención sanitaria a dos ciudadanos inmigrantes que estaban en posesión de sus correspondientes tarjetas sanitarias, por el mero hecho de que no portaban el pasaporte.

El representante de dicha Asociación considera que “el derecho a la atención sanitaria debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, negando así virtualidad a las justificaciones administrativas que presuponen el trasiego de tarjetas entre la población inmigrante con este objetivo, y alega que de esta forma se puede poner en peligro la salud e incluso la vida de las personas”.

El informe administrativo fundamenta la exigencia de documentos de identificación al margen de la tarjeta sanitaria, en cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente, a tenor de las experiencias contabilizadas de pacientes que acuden con tarjetas sanitarias de terceros, lo que ha producido falta de correspondencia entre los mismos y los datos que se registran en la historia clínica, como en los casos citados anteriormente. Desde la administración sanitaria se niega que se haya producido “una denegación de la asistencia”, pues se afirma que la situación de los afectados “no revestía gravedad, y solamente se les conminó a que aportaran cualquier documento acreditativo de su identidad, ofreciéndoles la posibilidad de atenderles en el mismo momento en que retornaran al centro portando aquéllos”.

La facultativa argumenta la necesidad de exigir los documentos de identificación al margen de la tarjeta sanitaria, en cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente, “a tenor de las experiencias contabilizadas de pacientes que acuden con tarjetas sanitarias de terceros, lo que ha producido falta de correspondencia entre los mismos y los datos que se registran en la historia clínica”.

Mantiene la profesional que no atendió a estos extranjeros, y con ella la Administración Sanitaria, que la única intención que le anima es asegurar la correspondencia de los datos de la historia clínica con la identidad de la persona a la que trata, de forma que no le permita dudar de si los datos pertenecen a otra distinta a la que la primera haya podido ceder su tarjeta sanitaria, pues no en vano se ha visto en la tesitura de registrar patologías, alergias o tratamientos inadecuados, con los importantes perjuicios que de ello se pueden derivar.