El Gobierno deberá pagar a los 300 expropiados de la Cartagena-Vera

Una sentencia resuelve que es responsable ante la quiebra de la concesionaria

Autopista Cartagena-Verao,
Autopista Cartagena-Verao,
Manuel León
01:00 • 29 jul. 2014

Una resolución del Tribunal Supremo ha resuelto que el Gobierno Central debe responsabilizarse del pago de los justiprecios -indemnizaciones- a los propietarios expropiados por la autopista Cartagena-Vera, tras haberse declarado la concesionaria Aucosta en concurso de acreedores. En la provincia de Almería afecta a más de 300 afectados.
La resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha dejado clara la responsabilidad subsidiaria de la Administración Central y rechaza el recurso de la Abogacía del Estado y sostiene que “la Administración no es ajena al procedimiento expropiatorio por el hecho de existir un beneficiario de la expropiación”.




Control
La Sala insiste en que la Administración conserva el control del procedimiento y de las decisiones más relevantes y de ningún modo puede desentenderse del presupuesto esencial de la expropiación como es el pago del justiprecio, según publica La Verdad de Murcia. El Supremo señala, no obstante, que las condiciones en que podrá serle exigido el pago al Ejecutivo central deberá ser examinado caso por caso.




Diez años de pleitos
Los expropiados almerienses, así como los murcianos, han cumplido más de diez años sin cobrar en  una infraestructuras que no ha cumplido las expectativas de ocupación.
La tesis que diferencia a los expropiados del resto de acreedores es que aquellos están amparados por un derecho de rango constitucional.
Los bufetes de abogados calculan que la cifra que tendría que pagar el Estado, engordada con intereses de demora y lucro cesante, podría ascender a 200 millones de euros.
En este macropleito están implicados 162 vecinos de Cuevas del Almanzora, 84 de Antas, 52 de Pulpí y 28 de Vera.  Uno de ellos es Francisco Carretero Giménez, de Vera, que el 20 de septiembre de 2004 acudió a su Ayuntamiento para firmar el acta de ocupación forzosa con los planos de su finca, 38.000 metros de suelo urbanizable calificado desde cuatro años antes como industrial comercial.
“Me pagaron dos euros por metro (a otros propietarios 0,40%) como depósito previo que no quise ni coger, me fuí al Jurado de Expropiación y dictaminó que la concesionaria me tenía que compensar con 28 euros el metro y desde entonces estoy esperando, después contraté un abogado y tuve que presentar recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y hasta ahora que calculo que me deben casi un millón de euros”.
Solo el 4% del coste total de la obra de la autopista (650 millones) de 112 kilómetros se presupuestó para las expropiaciones de la provincia de Almería y de Murcia, menos incluso que el coste del proyecto. La ministra de Fomento, Ana Pastor, sin embargo, expresaba el pasado año que “la obra se ejecutó con sobrecostes en las expropiaciones, eso se ha llevado mal, se tenía que haber recurrido en todos los casos”.









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