Los ingleses se indignan ante la amenaza de nuevos derribos

El sonido de la lluvia cayendo no cesa. Las imágenes con escenas típicas en Inglaterra se suceden. Paraguas, chubasqueros, gotas que caen del cielo... “¿Te suena familiar? Llueve, llueve y llueve”, reza un letrero. Así comienza el anuncio que la promotora responsable de las 98 viviendas para las que la Fiscalía pide la demolición colocó en Internet para atraer a foráneos hasta sus construcciones en 2007. El mismo año en el que decenas de británicos cambiaron ese sonido de la lluvia por un aluvión de notificaciones judiciales.

Fue en 2007 cuando Bill Higgins encontró a un agente del Seprona al otro lado la puerta de su casa en España, comprada en 2004, hace justo una década. “Nos dijo: ‘Hay un problema’”, recuerda. En el salón de Bill aguarda una quincena propietarios del casi centenar de viviendas alegales de La Aljambra, en Albox. “Cuando nos enteramos nos quedamos devastados porque  compramos esta casa de buena fe”, asegura.

Sus palabras son respaldadas por el resto, que asienten y participan deseosos de denunciar la situación en la que viven desde hace años, con dificultades incluso para gozar de servicios básicos como agua y luz debido a la coyuntura urbanística. Heather White es también propietaria de una casa alegal. No duda en señalar responsables. “Todos nos dijeron que era 100% legal. Incluso el abogado. Mentiras, mentiras y más mentiras. Mi marido murió hace siete años. Si me tiran la casa no tendré dónde ir”, denuncia.

Reivindicaciones

White no exagera. La presidenta de la asociación de afectados Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), Maura Hillen, explica que “es normal que en estos casos los abogados sean amigos de promotores. Nadie dijo nada. Ni abogados, ni ayuntamientos, ni registradores...”. Todos los propietarios coinciden en que sus ahorros se fueron junto a su sueño español.
A esta circunstancia se le suma la condición de la edad, ya que la gran mayoría son jubilados sin grandes recursos económicos. Su desamparo será evidente si se materializa el derribo porque hasta ahora, en procesos judiciales similares, los responsables de pagar la indemnización (promotores y constructores) no han podido hacer frente a tal obligación.
Es por ello que AUAN está centrando sus reivindicaciones en un cambio del Código Penal. “Pedimos garantizar la indemnización. Queremos que sea aportada antes de que se produzca la demolición”, defiende la presidenta del colectivo. Reiteran su rol de “víctimas” frente al de acusados como los promotores porque “ellos no van a sufrir aunque tengan condenas pero nosotros sí. Nos quedaríamos sin nada”, reiteran.

No solo denuncian su desamparo sino la “lentitud” de un sistema judicial del que tampoco se explican que no vaya acorde con las administraciones, a tenor del reciente anuncio de la Junta para modificar la legislación facilitando la regularización de casas como las que poseen. “Fuimos víctimas del promotor y ahora lo somos de la justicia”, apuntilla Bill, el propietario de la casa escenario de la entrevista. Su futuro se presenta igual de incierto que los últimos diez años. “La situación es terrible porque lo único que tenemos es esta casa. Todas las cosas que nos trajeron aquí como son la gente, el clima... nos siguen gustando, quisiéramos seguir viviendo aquí” confiesa Bill, “pero tenemos la sensación de que no hay futuro para nosotros”.