Derribo español, protesta en inglés

En los últimos ocho años se han derribado 14 inmuebles en la provincia de Almería (doce viviendas y dos naves industriales). Once de ellos pertenecían a ciudadanos españoles, mientras que tres  de las viviendas eran propiedad de ciudadanos de origen británico.

Por municipios, de las catorce demoliciones que se han producido desde el año 2006, seis tuvieron lugar en Rágol, dos en Vícar, dos en Albox, dos en Cantoria, una en Vera y otra en Felix. El estruendo de las paredes desmoronándose de las tres viviendas con dueños británicos, dos de Cantoria (2013) y el archiconocido caso de los Prior en Vera (2008), aún resuena a día de hoy. La actividad y las reivindicaciones de los afectados, asociados en el colectivo Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) han ayudado a que esta vez sea más escuchada. Su voz se oye porque gritan.

Culpa al exalcalde

Sin embargo, los derribos que han implicado a vecinos de la provincia se han desarrollado, hasta ahora, sin que ningú propietario levante la voz. Los anteriores son datos aportados por la Junta de Andalucía en un comunicado con motivo de la próxima demolición de dos viviendas ilegales en Cantoria, programada para el 18 de noviembre.

En el mismo, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Sonia Ferrer, asegura que con este derribo la Administración “se limitará a cumplir una sentencia judicial firme”. Las demoliciones, según recalca Ferrer, las llevará a cabo la Junta de forma subsidiaria, una vez que los titulares, haciendo “caso omiso” al requerimiento, no han procedido a la demolición de dichas viviendas.

En cuanto a las críticas vertidas desde el Ayuntamiento de Cantoria que ayer recogía este periódico, la delegada recuerda que “quien provocó esta situación lamentable y dolorosa” para los británicos “fue Pedro Llamas”, alcalde “en los años en los que se llevó a cabo la construcción de las viviendas, quien fue condenado por la Audiencia Provincial como autor de un delito de falsedad en documento público y de omisión del deber de perseguir delitos”.

Para Ferrer, la demolición “se hubiera evitado si en su día hubieran respetado y acatado las mismas decisiones y requerimientos y no se hubiera permitido la construcción de los inmuebles”. Ferrer también culpa al PP de hacer caso omiso a las peticiones de los afectados por la problemática urbanística, quienes reclaman al Gobierno central un cambio en el código penal para asegurar que reciben las indemnizaciones antes de que se produzcan las demoliciones de viviendas.

Paralización

Por su parte, el abogado de las familias británicas cuyas viviendas ilegales van a ser demolidas el día 18 de este mes en el paraje de Las Terreras  en el término municipal cantoriano, ha anunciado este jueves que va a solicitar la paralización del derribo hasta que no se satisfaga a sus representados las indemnizaciones por un importe total de más de 789.000 euros fijadas en vía judicial.

El letrado Alejandro Navarro ha indicado que, en su escrito, van a alegar ante la administración la concurrencia de "razones humanitarias" ya que los perjudicados se han quedado "sin residencia" y, en más de un caso, "vendieron su patrimonio" en Reino Unido, por lo que viven con familiares o régimen de alquiler.