Un sargento condenado a cárcel por un chivatazo

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha condenado a un sargento de la Guardia Civil de Melilla a un año y medio de prisión y siete años de inhabilitación por usar los datos de una investigación sobre drogas en Almería para conseguir 120.000 euros de dos transportistas. El TSJM confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, que celebró un juicio con jurado popular el pasado mes de abril.

El caso comienza en el año 2003 en una intervención de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas bautizada como Operación Palmera. Sus implicaciones, la  profundidad del trabajo de los agentes y el decomiso la convierten la actuación en una de las investigaciones más importantes contra el narcotráfico en la provincia.

La Guardia Civil localizó en el Puerto de Almería 9.160 kilos de hachís en un camión procedente de Marruecos y capturó a una veintena de implicados en la preparación y transporte  del alijo.

El sargento de la Guardia Civil de Melilla, según los hechos probados de la sentencia, no tenía participación en la Operación Palmera, pero sí acceso a las diligencias. Como miembro del EDOA podía saber quiénes eran los investigados, los presuntos delitos y la evolución de las indagaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número Uno de Almería y declaradas bajo secreto de sumario hasta el año 2014.

Datos confidenciales

Según la sentencia judicial, el sargento “estaba atravesando serias dificultades económicas” y decidió aprovechar la información a su alcance. Contactó con dos transportistas presuntamente relacionados con la red de narcotráfico. “Les explicó que estaban siendo investigados, que como dueños del camión tenían responsabilidad y que él podía sacarles de ese lío y de la causa judicial abierta a cambio de 120.000 euros”, señala la sentencia del TSJM, a la que ha tenido acceso LA VOZ. “Tenía que pagar a mucha gente importante”, alegó el procesado.

Los contactos se realizaron después de la localización del alijo en el Puerto de Almería, aunque “en fechas no concretadas”. Para justificarse antes los transportistas “mostraba un dossier con el emblema de la Guardia Civil, documentación de dicha operación y su placa profesional, además de entregar  documentos extraídos de la base de datos policial Gesdata”.

Entre los papeles estaba un oficio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla-Almería fechado el 2 de noviembre de 2003 referido a la Operación Palmera. Se mencionaban escuchas telefónicas y actuaciones investigadoras a seguir, además de un listado de números “pinchados” por la Benemérita. El jurado popular consideró probado que se realizaron ingresos en una cuenta bancaria, aunque la cantidad total localizada apenas llegó   a 9.000 euros.

La Audiencia Provincial y ahora el TSJM condenaron al sargento de Melilla a un año y medio de cárcel por un delito de cohecho y castigo a los dos camioneros, socios de una empresa, a tres meses de prisión a cada uno. Al primero se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas, puesto que el caso estuvo parado 9 años y ya acumula 12 desde la Operación Palmera. Por su parte, a los dos transportistas se le añade también la atenuante de confesión. No obstante, el fallo judicial del TSJM puede recurrirse todavía ante el Tribunal Supremo.