La primera familia okupa citada por el juez rechaza abandonar el dúplex

l Juzgado de Instrucción número Dos de Almería abre la vía de los desalojos en el conflicto de la okupación masiva de viviendas en el barrio capitalino de Villablanca. El magistrado Jesús Hernández Columna tomó declaración el jueves a la primera familia okupa citada en este procedimiento, despiezado en los seis órganos de instrucción del partido judicial de Almería.

Según fuentes jurídicas, una mujer madre de dos hijos menores de edad prestó declaración por el allanamiento de un dúplex, actualmente propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb o Banco Malo. La  vecina confirmó que se coló en la vivienda a través del sótano y reside irregularmente en el inmueble, según su testimonio, desde hace cuatro meses.

La mujer cambió la cerradura y asegura que, aunque sus padres tienen una vivienda, no abandonará la casa voluntariamente. La negativa propiciará presumiblemente la petición de medidas cautelares por parte de la representación legal de Sareb y del grupo de vecinos (propietarios legítimos) personados en el procedimiento.

Según fuentes judiciales consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA, en la sesión celebrada el jueves estaba citada también otra familia en circunstancias similares, si bien no se presentó a la citación judicial.

La toma de declaración es sólo un primer paso en una lucha legal que amenaza con dilatarse en el tiempo. De hecho, las okupaciones en  la Vaguada de Villablanca se remontan a años atrás, cuando la crisis económica dejó sin vender una parte importante de las viviendas ofertadas en la zona (a unos 300.000 euros cada propiedad).

El conflicto

El Banco Malo denunció el allanamiento en los inmuebles a su cargo, más de una veintena, y los jueces de instrucción abrieron diligencias previas y despiezaron la causa en 18 procedimientos distintos (inicialmente correspondía al Juzgado de Instrucción número Dos de Almería).

Los vecinos legítimos han denunciado una situación generalizada de inseguridad en el residencial, el robo de materiales de zonas acomodadas y conflictos constantes con los okupas. Propietarios legales y okupas convertidos en enemigos pared con pared. En este sentido, no sólo han optado por personarse en el procedimiento judicial sino que además han solicitado medidas de seguridad ciudadana a la Subdelegación del Gobierno en Almería.

La Comisaría de la Policía Nacional de Almería realiza controles preventivos en la zona y ha detallado las condiciones de las viviendas en un estudio sobre la okupación masiva a disposición de las autoridades judiciales. La casuística es enorme, desde okupas que pagan alquiler a otros okupas hasta familias que se han apropiado de varias viviendas a la vez. La pelota está ahora en el tejado de los jueces.