La defensa de Antonio Pérez ‘critica’ que no se le deje en libertad

El Juzgado de Instrucción número uno de Almería dictó el pasado 18 de febrero un nuevo Auto denegando la salida de prisión a Antonio Pérez Torres, propietario de la extinta Obrascampo. Dicho Auto, al que ha tenido acceso este periódico, recoge que es “relevante” para la toma de dicha decisión por parte del Juzgado “la ausencia de inscripción en el Registro Mercantil” de las sucesivas transmisiones de los títulos de acciones de la sociedad propietaria de la finca aportada como fianza para el empresario, además de considerar que otro de los motivos para denegar su libertad es que “se aportan fotocopias de escrituras públicas”. 

La Voz de Almería ha contactado con la defensa del empresario para conocer cómo valoran el último Auto contra el que no cabe interponer recurso y que llevará directamente el asunto a la Audiencia Provincial.

“Disconforme a derecho”

Fuentes de la defensa de Antonio Pérez afirman que la resolución les “ha generado mucha frustración”. “Entendemos que no tiene fundamentación jurídica alguna. Todas las normas de aplicación debían haber permitido la constitución de la fianza con la documentación que se aportó. De una parte porque lo que se exige por el juzgado, de la inscripción en el Registro de lo Mercantil de las participaciones de los socios integrales del bien que se pretende hipotecar es disconforme a derecho, porque no lo permite ningún Registro Mercantil”, expresa con rotundidad. 

También se ha referido a la cuestión de que el Juzgado pida la presentación de documentos originales, pues “no es el parámetro que se ha utilizado con la acusación, que está utilizando fotocopias”, asegura. Explica que “la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 167, determina la aportación de escrituras públicas en fotocopia porque se trata de protocolos públicos que son fácilmente constatables”.

Frustración

Las mismas fuentes dicen que les ha “generado mucha frustración”,  aunque respetan no obstante la decisión judicial. Insisten en que “cuando la libertad de una persona depende  de una decisión judicial deben fundamentarse las decisiones con el máximo rigor”. “Entendemos que el juzgado se ha precipitado y se ha equivocado y esperamos que se pueda corregir. También tenemos mucho temor de que se pretenda hacer un proceso ejemplarizante con nuestro defendido por ser una persona de  cierta relevancia mediática y que se le trate con un rigor que no procede, porque no concurre ninguna razón para que permanezca en prisión preventiva cuando no hay riesgo de fuga”, aclaran.

Ponen sus esperanzas en la Audiencia  

Tal y como el Juzgado número uno plantea el siguiente paso es el Recurso de Apelación, en lo que ya trabajan desde la defensa de Antonio Pérez, que confían en que la Audiencia Provincial “subsane los errores”. “Tenemos absolutamente depositada nuestra confianza en la Audiencia Provincial, amén de que ante el Juzgado de Instrucción número uno podamos presentar las escrituras públicas originales. Intentaremos corregir la situación ante la Audiencia y ante el propio Juzgado”, eso sí, en lo que se refiere a los documentos originales, no en lo tocante a la inscripción en el Registro Mercantil de las ventas de participaciones de la sociedad propiedad de la finca presentada para la fianza. 

Relatan que son optimistas. “Confiamos en que el Juzgado procederá a aplicar la Ley y en que sepa reconocer el error que intentaremos ponerle de manifiesto, además de reiterar que no hay riesgo de fuga como reconoció el propio juzgado ni hay ninguna posibilidad de manipulación de pruebas que hayan de practicarse, aunque no se nos han dicho con claridad los motivos”.

Un imposible

El nuevo Auto dictado por el Juzgado de Instrucción número uno retendrá en prisión provisional al menos un mes más a Antonio Pérez. Para su representación procesal, es eso precisamente “lo malo”.  “Llevamos ya tres meses intentando constituir la fianza que se nos exigió y no ha podido ser porque cada vez se ha denegado con argumentos que cada vez son distintos a los anteriores. Estamos desconcertados y esperamos que se corrija”, dicen. 

Relatan fuentes de la defensa que se presentó como garantía de fianza una vivienda propiedad de una sociedad. “Se exigía libertad bajo fianza. Se presentó una vivienda que cubre con creces la cantidad de la fianza (300.000 euros). Se nos exigió acreditar la cadena sucesiva de ventas de participaciones de los socios y también lo presentamos y, ahora, se resuelve que no se ha acreditado la inscripción de estas ventas de acciones en el Registro Mercantil, algo que es imposible porque no lo permite”, aclaran. Es por esto por lo que afirman que se les “pide  algo imposible”. “Todos los juristas de la materia conocen esto. El juzgado no ha reflexionado lo que pedía”, añade.

Aún así ya han asumido que “la apelación va  a suponer al menos un mes más de espera, con la consiguiente desesperación de la persona afectada, que continúa en prisión provisional”. 

Estiman desde la representación procesal de Antonio Pérez que “no hay muchos casos como este”, por eso creen que “está perjudicando que sea una persona de cierta relevancia mediática”. “Pero no se puede tratar de hacer una causa ejemplarizante con nuestro cliente. La Justicia está para aplicar la Ley”, añaden.

Consideran que “no es normal en absoluto que por este tipo de delitos se encuentre el afectado en situación de prisión provisional y menos aún cuando todavía la Hacienda Pública ni siquiera ha hablado de la comisión de delito fiscal, no se ha pronunciado y se está a la espera de un informe, pero todavía se desconoce y también lo desconoce el propio juzgado. Esta situación no procede”.