Siete años de cárcel para cuatro acusados de utilizar tarjetas de crédito falsificadas

La investigación acredita ocho operaciones realizadas y 15 denegadas con tarjetas clonadas

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Javier Pajarón
14:33 • 04 oct. 2015

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a siete años de prisión a cuatro personas acusadas de utilizar tarjetas de crédito falsificadas en El Ejido y Roquetas de Mar. Los procesados son dos mujeres y dos varones investigados por la Policía Nacional y Aduanas desde principios del año 2009, según la sentencia firmada por el ponente Manuel Espinosa.




Los acusados suman condenas de un año y seis meses por falsedad y dos o tres meses, según el procesado, por delitos contra el patrimonio. Son sanciones muy inferiores a las solicitadas por el Ministerio Fiscal en el inicio del procedimiento, que alcanzaban los siete años de cárcel.




Según la investigación, los acusados compraron tarjetas falsificadas a una persona desconocida, que estaría vinculada a mafias de captación  y robo de datos bancarios. “Lograron obtener diversas tarjetas de crédito y débito a sabiendas de que no eran auténticas, sin que conste que intervinieran en su confección, pero usándolas de forma fraudulenta con ánimo de lucro y perjuicio de terceros”, matiza la sentencia.




Robo de datos Utilizaban dos métodos para conseguir fondos. Por una parte, una de las acusadas regentaba un puesta en el mercado de Roquetas de Mar. Se prestó para aceptar un pago con una tarjeta correspondiente a un cliente de la entidad sueca Danske Bank Aktiesel. De este modo se hizo con casi 7.000 euros que pasaron directamente a su cuenta bancaria personal en julio del año 2009. Ahora bien, La Caixa, que había sido alertada del fraude, reintegró rápidamente las cantidades y frenó el proceso, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería.




Y por otro lado, los acusados intentaron conseguir fondos mediante la compra directa en otros establecimientos. Según la investigación de la Policía Nacional, los acusados realizaron ocho operaciones autorizadas y otras 15 denegadas. 




El Juzgado de Instrucción número Dos de Almería autorizó los registros en septiembre de 2009 que acabaron con los arrestos. Además, se abrieron diligencias paralelas para uno de los detenidos acusado también de un delito contra la salud pública.






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