Fuga de empresas

La obligación de cualquier Gobierno –estatal, autonómico o local- es crear un sistema legislativo y gubernamental y un ambiente político y social que faciliten la creación de empresas y que, las que ya están, no hagan intentos de trasladar sus centros o sede social a otros lugares. Son las empresas y los empresarios los que generan empleo y es el empleo el que genera riqueza y bienestar en los ciudadanos. A raíz de la deriva secesionista de la Generalitat de Catalunya, algunos medios se hacen eco de la decisión de muchas empresas catalanas de trasladar sus sedes sociales a otros lugares de España. El Gobierno catalán considera que esa información anda lejos de la realidad. Comprobarlo no es difícil. Los principales actos societarios –el traslado del domicilio social de una comunidad a otra lo es- son inscritos en el Registro Mercantil y publicados en su boletín oficial.  Son varias las agencias- Axesor, Einforma, Iberinform…- que agrupan y analizan esos movimientos societarios y los convierten en datos estadísticos. 
¿Y qué dicen esos estudios sobre el flujo de empresas entre comunidades autónomas? Veámoslo. Desde 2012 hasta mediados de 2015 en España se realizaron un total de 18.056 deslocalizacionesempresariales. Madrid presenta el mayor saldo positivo con 1.543 sociedades. También, Baleares, Aragón, Galicia, Navarra, Cantabria, Extremadura y La Rioja. Cataluña es, efectivamente, la comunidad autónoma con peor saldo. En este tiempo 3.121 empresas han abandonado Cataluña mientras solo 2.000 sociedades procedentes del resto de España han decidido implantarse allí. Tras Cataluña, la comunidad autónoma con más deslocalizaciones es Andalucía. Axesor señala que solo en 2014 Andalucía registró un saldo negativo de 185 empresas.
 ¿Por qué algunas sociedades deciden abandonar unos territorios para trasladarse a otros? La respuesta tiene muchas variables, tantas como circunstancias. Son muchas las empresas que pueden desempeñar su actividad de igual forma si tienen el domicilio social en un lugar o en otro. Pensemos, por ejemplo, en un banco que tiene implantación nacional o en una telefónica. Les da igual tener su domicilio social en Madrid, en Barcelona o en Almería. Al final, lo tendrán en el lugar que les resulte más ventajoso. Lo ventajoso en estos casos tiene muchos que ver con cuestiones políticas, con confianza, con estabilidad, con regulación, con seguridad jurídica, con presión fiscal... Las dos autonomías más perjudicadas por los trasvases societarios, Cataluña y Andalucía, se distinguen por someter a los contribuyentes a una alta presión fiscal. Por ejemplo, aplican los mayores porcentajes en el IRPF y los límites más duros en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio.