La justicia libra de la demolición a las 98 viviendas alegales de Albox

La justicia ha propiciado el mejor final posible para las 98 viviendas alegales construidas entre los años 2004 y 2006 en el paraje de La Aljambra de Albox. El Juzgado de lo Penal Número 4 de Almería ha desestimado la petición de demolición que la Fiscalía ha mantenido hasta el final del proceso para el casi centenar de viviendas.
Una década después de que un agente tocara a la puerta de estas familias para informarles de que la vivienda en la que muchas invirtieron todos sus ahorros podría quedar reducida a escombros, la justicia ha puesto fin a un proceso judicial que ha llenado de angustia e incertidumbre cada rincón de las 98 viviendas.

Motivos de la setencia En la sentencia con fecha del 17 de julio, la jueza Marta Inés Sierra tiene en cuenta sobre todo dos circustancias para librar a las edificaciones de la demolición. Por un lado, la adquisición de estas construcciones por “terceros de buena fe”, en su mayoría personas de origen británicos y edad avanzada.
Por otro lado, la jueza del caso ha valorado la “posibilidad de legalización” de estas viviendas “conforme a las gestiones que viene practicando el Ayuntamiento de Albox”.

A este respecto, cabe recordar que el Consistorio albojense lleva años trabajando por la regularización de viviendas alegales y formó parte activa de la reciente modificación de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), permitiendo la normalización de las construcciones levantadas en parcelaciones (la división de una sola parcela en dos o más), procedimiento seguido para la construcción de estas viviendas en el paraje de La Aljambra. En cambio, el Ministerio Fiscal interesaba “la demolición de lo ilícitamente construido a cargo de los acusados y de las mercantiles Proyecto y Construcciones Almanzora S.L.; Procoal y Empire Villas S.L.”, solicitando una indemnización a los compradores.

Condena al promotor
En cuanto al promotor inmobiliario de las viviendas, J.F.A.H., el Juzgado de lo Penal Número 4 de lo Penal le ha condenado a dos años de prisión después de que reconociera en el juicio, en el que están personados 122 perjudicados, los hechos por los que ha sido enjuiciado por delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia. Las 98 viviendas fueron levantadas entre 2004 y 2006 sin la “preceptiva licencia de obras” y “a sabiendas” de que se edificaban sobre terreno calificado como no urbanizable. 

Asimismo, cuando la Concejalía de Urbanismo ordenó de paralización de las obras en 2014 hizo caso omiso.La magistrada absuelve, no obstante, en una sentencia a la que ha tenido acceso LA VOZ, al otro acusado, D.L.A.H., a quien J.F.A.H. encomendó la elaboración de los proyectos, estimando que se limitó a la redacción de los referidos documentos, “no habiendo tenido parte en la dirección técnica de las obras”.

Al margen de la pena privativa de libertad, en la que aplica la atenuante de dilaciones indebidas, el fallo impone al promotor y constructor dos multas de 1.080 euros y 360 euros y la inhabilitación para empleo u oficio relacionado con la construcción de bienes por dos años y medio. Así mismo, acuerda suspender por periodo de dos años la ejecución de la pena a condición de que no delinca en ese plazo.

Reacción del abogado: "La luz al final del túnel" para los afectados
El abogado de varias de las familias compradores de viviendas en La Aljambra e inmersas en el proceso judicial, Gerardo Vazquez, a su vez asesor de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-NO(AUAN), ha trasladado en declaraciones a LA VOZ su satisfacción por la decisión judicial que evita la demolición de las 98 viviendas. “Estoy muy contento por mis clientes y por los afectados en general, de que no haya demolición y porque parece que por fin pueden vislumbrar luz al final del túnel”. Para el letrado “parece que estos casos están llegando a su fin, sin más demoliciones, lo cual es bueno para todos, puesto que la demolición de viviendas de terceros adquirentes de buena fe es una lacra que hay que erradicar por el bien de la economía y de la sociedad", ha remarcado el letrado y asesor de la asociación AUAN.