3,3 millones de euros para las Políticas Sociales y de Salud en Almería

Las diferentes convocatorias de ayudas para entidades públicas y privadas de la provincia de Almería impulsadas por las consejerías de Salud e Igualdad y Políticas Sociales han supuesto en 2017 un total de 3.299.809 euros. La mayor parte de estas subvenciones se han destinado al desarrollo de programas de atención para los colectivos más vulnerables, como personas mayores, personas con discapacidad, familias en riesgo de exclusión social, colectivos con necesidades especiales, víctimas de trata y explotación sexual o población migrante.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha hecho hoy un balance de las diferentes líneas de ayudas gestionadas por la delegación y que permiten el desarrollo de numerosos proyectos por parte de ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro.

Compromiso
José María Martín ha explicado que “estas ayudas se dirigen a la población más vulnerable y son una buena muestra del compromiso de la Junta de Andalucía con quienes más lo necesitan, así como del apoyo a la labor desarrollada por numerosas asociaciones de la provincia”.

Las subvenciones van dirigidas a los colectivos más vulnerables por diferentes vías: ayudas a personas de forma directa; a través de las Corporaciones Locales, bien sean Ayuntamientos, Diputaciones, Consorcios y Mancomunidades; y a través de entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo fin social sea la realización de programas de actuación.

Uno de los programas que cuenta con mayor importe es el de los Equipos de Tratamiento Familiar, que proporciona a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico que ayude a preservar los derechos de los menores. Para este programa, la convocatoria de este ha contemplado más de un millón de euros, que se han distribuido entre los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la Diputación Provincial de Almería.

El delegado ha explicado que “este programa es vital para evitar situaciones de desprotección de los menores y para hacer posible el retorno del menor a su familia de origen en aquellos casos en los que se considera abierta esa posibilidad”.