Un centenar de menores de 14 años en Almería evitan el sistema judicial

El debate sobre la edad de responsabilidad penal del menor reaparece periódicamente al calor de graves episodios de violencia protagonizados por niños. ¿Debe el sistema judicial intervenir antes de los 14 años? ¿Son los programas de asistencia social recursos suficientes para tratar a infractores en delitos sexuales y crímenes? Los expertos del sector mantienen posturas enfrentadas.

Según los últimos informes de la Fiscalía Superior de Andalucía (FSA), la Fiscalía de Almería se encuentra entre los partidarios de la idoneidad de rebajar la edad penal.  “Fiscalías como Sevilla, Almería o Córdoba se inclinan por una rebaja de edad en materia de responsabilidad penal de los menores de 14 años para resolver algunas de las cuestiones más problemáticas  en los caos de delitos graves”, señala la FSA en su memoria 2014.

Según las estadísticas, el índice de delitos graves cometidos por este grupo es inferior al 1 por ciento. Por tanto, el objetivo es actuar en edades tempranas con infracciones leves para prevenir conductas más peligrosas en el futuro.

El Defensor de Menor analiza esta perspectiva en un informe sobre el sistema de justicia juvenil de Andalucía presentado el pasado mes de diciembre. “Los profesionales dedicados a la reeducación de los menores infractores vienen denunciando que la ausencia de intervención con estos menores de 14 años ante los primeros síntomas serios de aproximación al delito dificulta de manera considerable una actuación posterior frente a un adolescente ya iniciado”.

Según datos oficiales, la Fiscalía de Menores registrada anualmente una media de cien “diligencias preprocesales” por infracciones cometidas por niños por debajo de los 14 años de edad en la provincia de Almería. En toda la comunidad autónoma la cifra asciende a unos 1.600 casos, la inmensa mayoría correspondientes a delitos leves.

El protocolo

En estos asuntos las diligencias se paralizan en el inicio del proceso y los niños quedan a cargo de los recursos de protección de menores. No hay juicio sobre su participación en los hechos. No se sientan en el banquillo. No cumplen medidas judiciales por su comportamiento.

En la práctica, los menores pasan a un Programa de Intervención Socio-Educativa, creado en Almería por la entonces llamada Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Los  expertos analizan la situación familiar y su estado psicológico y desarrollan proyectos educativos específicos. Sin embargo, todo esto se hace desde la perspectiva de la Protección de Menores, no en el sistema de Justicia Juvenil. Aquí radica el debate sobre la efectividad de la medida y la proporcionalidad respecto a las víctimas de los delitos más graves.

La Fiscalía Superior de Andalucía reconoce el conflicto. “Aunque la mayoría de las infracciones cometidas por menores de 14 años suelen ser infracciones menores, en ocasiones las Fiscalías se encuentran en una difícil situación frente a las víctimas: hablamos de aquellos supuestos de infracciones muy graves, como las agresiones sexuales, en las que hay que explicar a los padres de las víctimas que la conducta es totalmente reprochable y antijurídica, pero que el ordenamiento jurídico español no contempla una respuesta penal”, expone en su última memoria anual de actuaciones.