A juicio por un envío postal con coca

La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes el juicio a una pareja acusada de facilitar a un tercero los datos de la hija menor de edad de ella para que constarán como remitente en un envío postal de 1,7 kilos de cocaína desde la República Dominicana.

El Ministerio Público considera a F.C.D. y a P.P.A. presuntos cooperadores necesarios de un delito contra la salud pública por el que también será enjuiciada la tercera persona, un hombre identificado como R.C. para quien interesa cinco años de cárcel. Va a solicitar penas de cuatro años, y de tres años y seis meses de prisión.

El fiscal señala en su escrito de calificación provisional, al que tuvo acceso Europa Press, que la dirección de la menor “fue colocada en el envoltorio del parque como destinataria, con la excusa de contener piezas de motor” y “con la estrategia de eludir los adultos la acción de la justicia en caso de ser descubierto e incautado el envío, como así ocurrió”.
Según recoge, entre junio y agosto de 2004, la Udyco de la Policía Nacional interceptó varios teléfonos móviles previa autorización judicial en el marco de una operación de lucha contra el narcotráfico desarrollada en varios países.

Datos de una menor De este modo, llegaron a conocer que R.C.V. había organizado presuntamente que desde Santo Domingo le enviaran vía postal un paquete cuya destinataria era una menor de edad residente en Almería, en casa de su madre, P.P.A., y de su compañero sentimental F.C.D.

El envío, tal y como remarca, habría sido planificado por los tres, quienes habían entablado amistad por cuestiones laborales y sentimentales, siendo el primero el encargado de hacer llegar la droga a España y los segundos, de la distribución, supuestamente.

Según el fiscal, R.C.V. y su compañera sentimental visitaron en junio de 2004 a los otros dos acusados en su casa, “dejándole el hijo menor allí durante todo el mes”. “Ello determinó -concreta- que el primer acusado o su pareja consiguieran los datos de la aludida menor, facilitados por los padres, los que actuaron como cooperadores necesarios”. La Fiscalía interesa, además de las penas privativas de prisión, el pago de multas que oscilan entre los 200.000 y los 80.000 euros.