Una década de silencio para una niña afectada por una grave parálisis cerebral

La familia denunció una presunta negligencia médica en 2004 y los tribunales apenas han debatido sobre plazos

Los padres Natividad Linares y Antonio Escobosa (sentados), acompañados del letrado Miguel Ángel Lozano
Los padres Natividad Linares y Antonio Escobosa (sentados), acompañados del letrado Miguel Ángel Lozano
Javier Pajarón
20:19 • 04 may. 2016

Natividad Linares y Antonio Escobosa viven atrapados en una maraña de resoluciones, providencias e informes desde hace 13 años. Cadenas de la burocracia judicial. Una condena antes de la sentencia, como acredita un relato dolido y cansado de su historia.




 El matrimonio de Berja demandó a la Consejería de Salud y al Hospital de Poniente por una presunta negligencia médica en el alumbramiento de su hija en El Ejido en septiembre de 2004. La niña sufrió una hipoxia (falta de suministro de oxígeno) y nació con una grave parálisis cerebral que la mantiene en estado prácticamente vegetal desde entonces.




La familia sostiene que las lesiones estuvieron ocasionados por una falta de atención a Natividad, madre de gemelos anteriormente, en las horas previas al parto en el hospital ejidense. Según la denuncia, la mujer ingresó en el centro de madrugada, pero no fue monitorizada y, por tanto, no se detectaron los indicios del “sufrimiento fetal” que luego derivó en unas gravísimas lesiones a la niña.




Desde entonces, los padres pelean en los tribunales con escaso éxito. Más aún, ni siquiera se han acercado a una resolución sobre el fondo del asunto, si existe o no una adecuada actuación de los equipos médicos del Hospital de Poniente.




Según explica el letrado Miguel Ángel Lozano, el matrimonio lleva una década ‘peleándose’ con la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) para dilucidar un problema de plazos sobre la presentación de los escritos. Esto es, si la familia reclamó a la Consejería de Salud dentro de los plazos o, por el contrario, presentó sus documentos fuera de los márgenes legales.




“Ni siquiera estamos denunciando ahora aspectos sobre el fondo del asunto, sobre la niña, sólo queremos tener una respuesta después de tantos años”, señala Miguel Ángel Lozano. Para el letrado, la lentitud de los tribunales y la inacción de la Junta , según su versión, suponen una indefensión para el matrimonio que afecta directamente al bienestar de la menor, con una discapacidad cercana al 90 por ciento.




Plazos y espera El asunto es complejo desde el punto de vista jurídico. La familia presentó un escrito de reclamación ante la Junta de Andalucía y ésta no contestó y dio por extemporáneas las alegaciones posteriores. El conflicto desembocó en un largo proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.




Finalmente, una sentencia firmada por el magistrado almeriense Jesús Rivera dio la razón a la familia sobre los plazos, aunque no entró en el fondo del asunto, a saber, si la actuación del personal médico del Hospital de Poniente en septiembre de 2004.


De forma simplificada, el problema es que, entre la primera reclamación penal (ya archivada) y el actual momento de la demanda administrativa, la familia ha soportado más de una década de incertidumbre y sólo se han debatido plazos.
“Mi hija no habla, no anda, está en una silla de ruedas, sólo se alimenta de comida triturada y depende completamente de nosotros”, relata Natividad Linares. “Sólo queremos recibir una respuesta”, añade su marido, Antonio Escobosa, sentado frente a los papeles. Resoluciones, providencias e informes.


1,2 millones
La demanda presentada por la familia de Berja solicita una indemnización de 1,2 millones de euros por una presunta negligencia en el tratamiento a Natividad Linares durante el parto en 2004  en el Hospital de Poniente (la Junta de Andalucía niega tal circunstancia).


La menor sufre graves lesiones cerebrales, según su  historial clínico. Depende totalmente de terceras personas, no habla y no puede moverse. La Junta de Andalucía ha reconocido la ayuda a la dependencia, pero la familia ha tenido que hacer una importante inversión para adaptar la vivienda y prestar atenciones a la niña. La indemnización pone cifras a sus necesidades, según la demanda. Si el proceso avanza y los tribunales le dan la razón a la familia, habría que añadir intereses. Aunque el caso está todavía muy lejos de esta fase.



Temas relacionados

para ti

en destaque