Condenan a Albox a indemnizar a los dueños de viviendas alegales

Una juez ha condenado al Ayuntamiento de Albox a indemnizar por daños morales a tres familias británicas que, en 2004, adquirieron viviendas unifamiliares en la urbanización ‘Las Palmeras’, construida en suelo no urbanizable. La sentencia, contra la que cabe recurso, obliga a indemnizar a una cuarta familia por los perjuicios causados ya que, después de que la obra quedase paralizada, tuvieron que vivir de alquiler hasta regresar a Reino Unido.

En total son 142.800 euros de indemnización que han sorprendido al propio Ayuntamiento al no haber existido orden de demolición contra las casas. El alcalde de Albox, Rogelio Mena (PSOE) ha considerado "inadmisible tener que pagar por la nefasta gestión del PP" con las casas ilegales.

Sin demolición

Más allá de la indemnización, estas dos partes implicadas (ayuntamiento y afectados) han coincidido al mostrar su satisfacción por otra consecuencia de la sentencia dictada. Al margen de la indemnización como responsable civil subsidiario, la jueza rechaza ordenar la demolición porque causaría "más perjuicios que beneficios" ya que las casas compradas de "buena fe" podrían “ser legalizadas" en un plazo "que depende de los trámites administrativos".

Desde el Ayuntamiento no esconden su “satisfacción” por la no demolición aunque culpan de la indemnización a anteriores políticas urbanísticas. “Este alcalde y este Ayuntamiento va a defender a todos sus ciudadanos con independencia de su nacionalidad para que no derriben sus casas”, ha aseverado el regidor, “aunque el riesgo de demolición sea u consecuencia directa de las políticas que el PP llevó a cabo”, ha añadido, aludiendo al partido que ocupaba la alcaldía entonces. Mena asegura que el actual Gobierno local está “resolviendo un problema heredado” y utilizando “todos los medios jurídicos para solucionar la situación de construcciones por las que el Consistorio no ha obtenido  ingresos  ni es responsable”.

Condena de cárcel

Los promotores han sido condenados a un año de prisión e inhabilitación especial por delitos contra la ordenación del territorio, mientras que el redactor del proyecto y director de obra deberá pagar una multa de 12 meses a razón de cinco euros al día. En los tres casos se aplica la atenuante de dilaciones indebidas. La urbanización se comenzó a construir en 2004 después de que H.A.G. y A.G.G. adquirieran los terrenos como socios de ‘Construcciones Alto Almanzora’ y encargasen a C.D.B.F. redactar el proyecto.

Ambos formalizaron siete contratos de venta del solar y de construcción de casas con ciudadanos ingleses, quienes conocieron la oferta por publicaciones en el Reino Unido. En los contratos, la empresa se comprometía al "pago de licencia de obras, honorarios de arquitectos, aparejadores, estudio geotécnico, control técnico, control de materiales y tasas de conexión". Las viviendas de dos matrimonios fueron terminadas y entregadas y en ellas habitan desde 2004. La construcción del resto fue paralizada cuando restaban por ejecutar "obras generalmente de acabado" a raíz de las diligencias que abrió la Policía Autonómica.

La juez remarca las circunstancias personales de los compradores, que han pasado "por diez años de espera e incertidumbre y “el consecuente sufrimiento". Así reconoce el derecho a indemnización por daños morales de las dos familias propietarias de las casas que se terminaron con 40.000 y 45.000 euros y de una tercera que no se finalizó con 50.000 euros. Para una cuarta familia fija en 7.800 euros los daños y perjuicios derivados del alquiler hasta volver a Reino Unido. El resto de los perjudicados no solicitaron resarcimiento.

Afectados

El abogado de la asociación de británicos afectados AUAN y de dos de las familias, Gerardo Vázquez, se ha mostrado“contento” con la sentencia al creer que es resultado de una “nueva sensibilidad social sobre la demolición de viviendas”. 

“Los jueces cuando ven la cruda realidad de británicos jubilados que le explican su historia toman una decisión que considero justa” ha analizado antes de hacer un llamamiento para que “todos los agentes sociales y políticos” trabajen “hombro con hombro para solucionar este problema como una cuestión de consenso social y por el bien común”.

Escasa actuación y control urbanístico

La sentencia que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a compradores de casas alegales recoge que, si bien las licencias de obras fueron solicitadas en 2004 a nombre de los afectados (que aparecían como promotores) el Consistorio "no las concedió expresamente". Pese a esta circunstancia los promotores comenzaron la construcción sabiendo “que lo hacían en no urbanizable y amparados en la simple palabra del concejal de Urbanismo en la fecha y con las competencias delegadas por el alcalde", en alusión a J. L. G.W., exedil de Urbanismo fallecido en 2012.

En la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 , la jueza subraya que el Ayuntamiento, a través del concejal, autorizó a Endesa y a Galasa a dar suministro de luz y de agua a las casas y que, teniendo competencia para incoar y resolver expedientes administrativos por infracciones a urbanísticas, no inició ninguna acción "creando una apariencia de legalidad para profanos en la materia aún a sabiendas de que se trataba de suelo no urbanizable".

“Herencia del PP”

En este sentido, el actual alcalde, Rogelio Mena (PSOE), ha lamentado lo que ha considerado como una “dramática herencia que nos dejó el PP de Albox. Nos llevó a la ruina en el pasado y nos quiere llevar a la ruina en el futuro. Es inadmisible que tengamos que pagar nosotros las consecuencias de la nefasta gestión del PP”, ha aseverado.

“Vamos a iniciar las acciones oportunas para que sean los auténticos responsables quienes paguen por su nefasta gestión al frente del Ayuntamiento años atrás”, ha advertido el primer edil de este municipio del Almanzora.